Exposición de gremios de la educación AFUTU y CSEU
La coalición de derecha neoliberal que actualmente gobierna el Uruguay, ha demostrado desde su llegada al gobierno su intención de achicar el estado, en respuesta a los compromisos contraídos con las clases dominantes de nuestro país.
La actual política económica, tiene como objetivo fundamental, la reducción del llamado “costo del estado”. Esto conlleva un recorte en las políticas sociales, educación, salud y vivienda, como forma de llevar adelante la política fiscal, que lejos ya de las promesas de campaña, se muestra cada vez más desnuda; especialmente en la construcción del actual presupuesto quinquenal.
En este sentido, la educación pública ha sido uno de los aspectos más duramente atacados. Previo a octubre de 2019, se fue construyendo desde los actores políticos de la entonces oposición con la colaboración de los medios, un discurso de ataque permanente a la educación pública y especialmente a sus docentes.
Para ello se utilizaron argumentos falsos y verdades a medias, que fueron instalando en la sociedad, la idea de que la educación pública en Uruguay está en crisis, siendo necesario para salir a flote una reforma estructural profunda que entre otras cosas, implique quitarle poder a los docentes ya que ellos constituyen una parte fundamental de dicha crisis.
La actual situación sanitaria derivada de la pandemia mundial por COVID-19, al margen de constituir un problema real cuyo abordaje acertado fue claramente propiciado por la infraestructura que en materia sanitaria, se había desarrollado en el Uruguay en los últimos 3 gobiernos, fue a su vez la excusa ideal para fundamentar las acciones más duras de la política del ajuste fiscal que viene llevando adelante el actual gobierno.
Fue en medio de la misma que se introdujo en el parlamento la Ley de Urgente Consideración, la cual constituye en sí misma un atajo jurídico para imponer por esa vía, un programa de gobierno que tiene como objetivo achicar el estado, promover la privatización y dilapidar la negociación colectiva; a la vez de recortar libertades individuales y colectivas, como forma de reprimir la protesta social emergente de estas medidas.
Contrariamente a lo que pasó en la mayoría de los países más afectados por la pandemia del COVID-19, Uruguay ha podido paliar la misma, tanto en materia sanitaria como educativa. Esto fue posible, gracias a la excelente infraestructura sanitaria que se destaca en la región, así como el Plan Ceibal y la conectividad a internet. A esto último se sumó la voluntad incansable y el esfuerzo colectivo de los 60 mil docentes de la ANEP, que se pusieron al hombro la educación del pueblo, sacrificando horas de estudio y trabajo, rescindiendo tiempo familiar y hasta aportando sus propios recursos, para sostener el vínculo educativo con los estudiantes en primera instancia, y avanzar en aprendizajes a distancia luego, en lo que constituyó un hito en la historia del sistema educativo público nacional.
En UTU ese esfuerzo debió ser aún mayor, teniendo en cuenta las particularidades de la formación técnico-tecnológica, que necesariamente requiere de la presencialidad y el uso del aula taller para desarrollar el acto educativo.
Para ello los docentes del CETP debieron apelar a su creatividad, para llevar adelante los procesos de aprendizaje que necesariamente requieren del aula, en un modelo de aprendizaje a distancia que en buena medida, hubo que inventar sobre la marcha. En los últimos 15 años, la matrícula de la educación técnica en la UTU, ha crecido en forma sostenida, a razón de 4 mil alumnos por año; superando actualmente los 100.000 estudiantes.
Esto marca claramente un cambio en la mirada de la sociedad respecto a la educación técnica, que la convirtió en los últimos años, en una opción educativa sumamente atractiva, tanto para jóvenes que egresan de educación primaria, como para los que egresan de educación media básica y superior, puesto que la UTU posee una variada y atractiva oferta terciaria, que hoy alcanza una matrícula de casi 14 mil estudiantes.
Este crecimiento sostenido de la matrícula de la UTU no era posible, si la educación técnica no hubiese logrado un estrecho vínculo con el mundo del trabajo, diversificando su propuesta educativa y sosteniendo un proceso permanente de retroalimentación con los sectores de la industria, producción y servicios; así como los trabajadores y el conjunto de la sociedad.
Las propuestas educativas de los centros de UTU y de cada región, se han venido construyendo hasta ahora, sobre la base de un mecanismo de consulta sistematizada a actores del mundo del trabajo, referentes sociales, trabajadores y docentes, que el presente año fue discontinuado.
Para el año 2021, la construcción de la oferta educativa de UTU ha tenido como premisa la disminución de horas y grupos, especialmente en algunas propuestas que atienden mayoritariamente a sectores más vulnerables de la sociedad, como lo es por ejemplo la Formación Profesional Básica (FPB), que surgiera en 2007 como una forma de incorporar al sistema educativo formal, a los 70 mil jóvenes “NI NI” que nos dejara como consecuencia, la nefasta crisis del 2002 y las políticas económicas neoliberales de los gobiernos de entonces.
Por todo ello, los trabajadores organizados de la Universidad del Trabajo del Uruguay denunciamos ante la opinión pública, el impacto negativo que tendrá el ajuste fiscal en curso, sobre el Estado y la Educación Pública, reivindicando una vez más, la necesidad de seguir avanzando hacia la meta trazada, del 6% del PIB para ANEP y UDELAR, más el 1% para investigación. Transitaremos todos los mecanismos constitucionales y legales que nos permite el Estado de Derecho, para luchar contra la política de ajuste fiscal, para que la crisis no la paguen una vez más los trabajadores y sus hijos. Manifestamos nuestra intención, de aportar nuestro esfuerzo a la sociedad organizada, para alcanzar las firmas necesarias para someter a referéndum la Ley de Urgente Consideración 19899. Por autonomía y cogobierno y una educación pública laica, gratuita y obligatoria.
AFUTU-CSEU-PIT CNT






