Periodistas respaldan Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que discute el parlamento

Una delegación de la Coalición por una Comunicación Democrático reafirmó el martes 2 en la Comisión de Industria del Senado su respaldo al proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) que discute el parlamento y rechazó los argumentos de las gremiales de empresarios de la comunicación respecto a un presunto intento de promover una “ley mordaza”.

La delegación estuvo integrada por Edison Lanza (CAinfo), Luis Curbelo y Daniel Lema (APU), y los dirigentes de SUA Lila García y Oscar Serra. Hoy, miércoles 9, la comisión recibirá a una segunda delegación de la CCD integrada por representantes de Cotidiano Mujer, El Abrojo, Ovejas Negras, la Red Especial y la Facultad de Información y Comunicación (FIC).

Ampliatorio de la libertad de expresión

La Coalición ha sido el contrapeso de las gremiales de medios, en particular las que reúnen a los medios más concentrados, que han atacado virulentamente el proyecto de ley. En ese sentido, durante su intervención, Lanza calificó como “falso y falaz” el argumento de que este proyecto de ley pretenda censurar a comunicadores o a medios de comunicación y recordó que el proceso y su resultado ha sido saludado por organismos internacionales como ampliatorio de la libertad de expresión.

El Estado uruguayo, recordó Lanza, “tiene la obligación de regular y administrar el espectro radioeléctrico bajo principios claros y procedimientos transparentes”. “En nuestro país el sistema de medios audiovisuales está regulado por una ley de la dictadura, que tiene muchos aspectos totalmente violatorios de la seguridad jurídica, de la libertad de expresión, y fue realizada bajo el paradigma de la seguridad nacional y no bajo estándares de libertad de expresión”. En ese sentido, reclamó que se deje de lado la práctica de “emparchar” aquella ley con la aprobación de decretos y que se pase a regular el sistema de medios a través de una ley, porque es una materia que trata de derechos fundamentales.

En el caso de la asignación de frecuencias recordó que al menos durante los dos primeros gobiernos democráticos “no hubo procedimientos claros y transparentes para asignar las frecuencias” y que, por el contrario, “muchas de ellas fueron asignadas de modo arbitrario, discrecional o vinculado a grupos empresariales y amigos políticos de quienes asignaban espectro”. Esto llevó a la situación actual, en la que existe un sistema de medios “concentrado, desequilibrado y con una predominancia muy fuerte del sector comercial”, ya que buena parte de esos medios están estructurados en grupos económicos unitarios, lo cual genera “uno de los esquemas más concentrados”.

Lanza también destacó la potencialidad del proyecto para combatir la discriminación en los contenidos que emite la televisión que sufren niños, niñas y adolescentes, mujeres, y personas de diversa orientación sexual. “Hemos visto permanentemente como son identificados menores de edad en conflicto con la ley o en situaciones vulnerables y eso ya está limitado, de acuerdo con el Código de la Niñez y la Adolescencia que este Parlamento por unanimidad. Sin embargo, este hecho se repite y nunca se ha aplicado ni siquiera una sanción”, destacó.

Por otro lado, señaló que en los artículos que refieren a temas de información de noticias, de debate público y debate político, esta ley es “totalmente garantista” y “no hay ninguna vocación por censurar contenido” ya que su intención es proteger los derechos del niño, niña o adolescentes durante el horario de protección al menor. En ese sentido destacó que a texto expreso el proyecto establece que la protección a los derechos de estas personas es “sin perjuicio de la información” y que aún en el horario de protección los medios pueden exhibir imágenes fuertes simplemente advirtiendo a los padres de lo que viene a continuación.

Finalmente, Lanza reiteró la preocupación de la sociedad civil por la eliminación del Consejo de Comunicación Audiovisual, la autoridad de aplicación de la ley independiente, contenida en el proyecto original pero eliminado en la Cámara de Diputados.

Recordó que todos los países que han avanzado en esta línea tienen un organismo especializado en servicios audiovisuales, con garantías de autonomía y de designación transparente de sus directivos, donde la sociedad civil también puede opinar y participar. “Sabemos del obstáculo constitucional que impide crear cargos en año electoral, pero creemos que podría recurrirse a la misma fórmula que se utilizó cuando se creó la Institución Nacional de Derechos Humanos”, propuso. La INDDHH se creó durante un año electoral, con todas las atribuciones, y en la legislatura siguiente se crearon los cargos para constituir el Consejo Directivo.

Hoy hay censura

Por su parte, el secretario general de APU Luis Curbelo reafirmó el apoyo del sindicato de trabajadores de los medios de comunicación y negó que atente contra la libertad de expresión, como sostienen los dueños de los medios. “En realidad, en este país, hoy, sin la vigencia de esta ley, existe censura y autocensura, promovida por distintos aspectos que tienen que ver con cuestiones comerciales y empresariales”, denunció. Puso como ejemplo el caso de las empresas sancionadas por la Intendencia de Montevideo por vender mercadería vencida, lo cual no fue informado por aquellos medios que tienen pauta publicitaria de estos negocios.

“Eso es censura y autocensura, y ya existe. Quiere decir que no es necesaria una ley que lo establezca; ya se da en los hechos en una cantidad de situaciones”, insistió.

En cuanto a la actual concentración que existe en el sistema de medios, Curbelo detalló las consecuencias que esto tiene para los trabajadores, especialmente del interior del país, que sufren “incumplimiento de leyes laborales y por la literal explotación” pero se ven impedidos de cambiar de empleo porque todos los medios están en las mismas manos. “Y eso va en contra de la libertad de trabajo y de expresión y, en definitiva, afecta la información que la sociedad recibe”, indicó.

El presidente del Tribunal Arbitral de APU, Daniel Lema, destacó que las disposiciones de la ley referidas a Derechos de los periodistas, y Autorregulación ética o de conducta profesional recogen planteamientos de larga data de la Asociación de la Prensa Uruguaya. Por ejemplo, recordó que en abril de 2013 el sindicato aprobó su primer Código de Ética Periodística luego de un largo proceso de consulta abierta en la que el 89 % de los periodistas participantes se manifestaron de acuerdo con la necesidad de tener un marco de referencia ética para el ejercicio de la profesión.

Del mismo modo, Lema destacó la inclusión en el proyecto de LSCA del reconocimiento del derecho de los periodistas a la cláusula de conciencia para que quien ejerce el periodismo no puede ser obligado a firmar un trabajo profesional que atribuya opiniones que contradigan sus valores y creencias, ni cuando se introduzcan en una nota informativa de su autoría, cambios que desvirtúan el sentido de la información.

Más producción nacional

La secretaria general del Sindicato Único de Actores (SUA) Lila García resaltó la importancia de impulsar acciones concretas a efectos de fortalecer la producción de ficción para consolidar un sector de trabajadores que hoy tiene un alto índice de desocupación o puestos de trabajo fuera de toda regulación. En el año 2012 los canales abiertos transmitieron seis mil horas de ficción, de las cuales solo 59 fueron de producción nacional, un 1 %.

“Hay seis mil horas de ficción en pantalla al año2 pero son producciones extranjeras hechas por guionistas extranjeros, actores extranjeros, técnicos extranjeros y en locaciones -que a veces son uruguayas- con extranjeros y también fuera de regulación, cosa que completa un cuadro bastante complicado, explicó.

Respaldó la creación del Fondo de Promoción del Sector de Comunicación Audiovisual pero consideró que el monto de dos millones de pesos asignado “es absolutamente insuficiente” si se tiene en cuenta, por ejemplo, que una serie de diez capítulos de calidad media tiene un costo de producción de 300 mil pesos. En ese sentido reclamó un mayor aporte de los titulares de los medios porque de ello depende que exista un Fondo que “pueda promover con seriedad el ritmo y el desarrollo de producción de calidad”.

La representante del SUA también cuestionó que si bien Uruguay tiene una muy amplia, grande y buena calidad de producción de publicidad, el decreto que establece que un 80% de la publicidad en pantalla debe hacerse con actores uruguayos “es violado permanentemente y no es controlado”. Por ese motivo sugirió que se modifique esa disposición en la nueva ley para que el 50% de la línea de protagónicos -o sea, de las caras visibles- sea uruguaya. “Sería importante también que este proyecto de ley pudiera asegurar la diversidad de los formatos, esto es, telenovelas, teleseries, novelas, programas de humor”, añadió, y que se incluya a la radio en esa obligación.